De la entrevista que publicamos este domingo al presidente de la demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Baleares, Iván Torres Ramón, se desprende claramente que la Norma Territorial Cautelar (NTC) de la que tanto presume el Consell d'Eivissa y los partidos que lo conforman, ha tenido efectos mucho más perniciosos de lo que se quiere aceptar y que del mismo modo que surgió sin el más mínimo consenso, tampoco nacerá fruto del acuerdo una norma tan importante y con tantas implicaciones medioambientales, territoriales y patrimoniales como el Plan Territorial Insular.
Fracaso.
Solo constatar este hecho constituye un radical fracaso porque sin consenso, la norma que rige el urbanismo de la isla de Ibiza nacerá tocado de muerte. Y es que cuando las normas se hacen a gusto del gobernante de turno sin escuchar a nadie más, inevitablemente se convierten en normas moribundas que al producirse la alternancia en el gobierno, son modificadas de inmediato, con la consiguiente inseguridad jurídica. Sin embargo PSOE y Podem-Guanyem, integrantes del equipo de gobierno del Consell d'Eivissa, aún están a tiempo de rectificar y buscar apoyos que doten al futuro PTI de un mayor grado de apoyos.
La prohibición como norma.
Cuando la prohibición indiscriminada es la base de toda política urbanística, la Administración deja de contar con instrumentos para gestionar. Si además tales prohibiciones surgen no de la necesidad sino de la radicalidad ideológica y con la beligerante y justificada oposición de los propietarios, el fracaso está servido. Las moratorias y la ineficiencia de los departamentos de urbanismo de las instituciones ibicencas son tristemente su rasgo definitorio. La eternidad que se tarda en conseguir una licencia de obras (28 meses de media en Ibiza y 12 en Formentera) cuando la ley establece un periodo máximo de 3 meses. Si a ello se suma una escasez de suelo para construir, una escalada de precios y un problema gravísimo de acceso a la vivienda -incluso de alquiler-, la catástrofe está servida.