El Consell d'Eivissa aprobó el miércoles la reforma del Plan Territorial que incluye las limitaciones a la construcción en suelo rústico que ya figuraban en la norma cautelar aprobada en abril de 2017. La consellera de Territori, Pepa Marí, ha argumentado que este cambio va a frenar el uso especulativo en suelo rústico, y niega que esta modificación vaya a perjudicar a los payeses. Por su parte, Viviana de Sans, vicepresidenta y líder de Podemos, cree que la norma está hecha desde el sentido común, y evitará, según ella, que «el lobby del cemento y el hormigón» pueda construir más «casoplones» en suelo rústico.
Un tema ideológico.
La aprobación del nuevo Plan Territorial no debe sorprender a nadie. Era uno de los aspectos básicos del programa de gobierno pactado por Podemos y PSOE en el inicio de legislatura, que se ha llevado a cabo tal y como era de esperar. Se trata, por lo tanto, de un símbolo de la acción de gobierno por la cual Viviana de Sans ya sacaba pecho tanto en el pleno del Consell como en las redes sociales. Ahora bien, no conviene olvidar algunos aspectos. De nuevo, los políticos siguen criminalizando la construcción en suelo rústico. No siempre está justificado paralizar la edificación de viviendas en el campo ibicenco si tienen una función económica, pero la norma pretende generalizar.
Falta de consenso.
No sería conveniente obviar lo que plantea el PP, que lamenta la falta de acuerdo con todos los ayuntamientos a la hora de planificar las prohibiciones en el suelo rústico. La opinión de los ayuntamientos no debería ser excluida de este nuevo plan territorial. Y ya se sabe que cuando no hay consenso lo previsible es que se pueda cambiar de nuevo el plan la próxima legislatura si hay cambio de gobierno, lo que garantiza la inseguridad jurídica para los propietarios. Puede que el plan sea simbólico para las fuerzas que gobiernan el Consell, pero a la larga resultará perjudicial para muchos sectores de la sociedad ibicenca. El tiempo dictará sentencia.