El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, vinculó el apoyo de los partidos independentistas al Gobierno español con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación «pactado, vinculante y reconocido internacionalmente»;#extremos que desautorizan la validez de las votaciones del 1-O del año pasado. La ministra protavoz Isabel Celaá respondió de inmediato señalando que el Gobierno no aceptaba ningún ultimátum y que mantenía las actuales líneas de diálogo con la Generalitat, pero que en ningún caso con la opción de la secesión sobre la mesa. Lo cierto es que el órdago del dirigente catalán deja en una situación muy comprometido un adelanto electoral por parte del presidente Sánchez, más si éste no logra apoyos parlamentarios suficientes a corto plazo.
Acelerón independentista. La intervención de la ministra Celaá dejaba abierta la posibilidad de que la postura de Torra sea meramente gestual, destinada a contentar al sector más radical del movimiento independentista catalán con el único objetivo de ganar tiempo. Las próximas semanas serán determinantes para saber si la interpretación del Gobierno es cierta o, por el contrario, se encuentra en una posición insostenible. En la dinámica actual no resulta factible pensar en acuerdos o alianzas con la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos ven en la convocatoria de unas elecciones una posibilidad de alcanzar el poder.
Revisar la estrategia. Sánchez, con el Gobierno muy debilitado por los últimos escándalos protagonizados por varios de sus ministros, no está logrando reconducir la situación en Catalunya donde las tesis más extremas del independentismo están marcando la agenda política y ahondan la fractura social. Las ofertas de diálogo que se lanzan desde el Ejecutivo se desoyen para avivar, todavía más, la crisis y la tensión institucional, una escalada de la que es imposible obtener algún rédito positivo para el conjunto de la sociedad española y catalana.