El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Josep Borrell, ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el pago de una multa de 30.000 euros como responsable de una infracción muy grave al considerar que usó información privilegiada al vender acciones de Abengoa, entidad de la que era consejero, un día antes de que se declarase en concurso de acreedores y el valor de los títulos de propiedad se desplomaran en bolsa. Borrell, tal y como anunció al destaparse el caso, no piensa recurrir la sanción. Hay que reconocer que en el Parlamento admitió que la operación fue inadecuada, aunque defendió que se trata únicamente de una “falta administrativa” que no afecta a su idoneidad como ministro.
Peticiones de dimisión.
El Partido Popular exige la dimisión del ministro Borrell y a esta petición se ha sumado en Twitter el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien considera que el Gobierno “no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada”. Ciudadanos ha pedido su comparecencia en el Congreso, aunque sin pedir de momento que abandone el cargo. Por su parte, tanto el Gobierno como el PSOE han cerrado filas con el expresidente del Europarlamento.
Diferente discurso.
Cuesta comprender cómo es posible que el PSOE pretenda mirar hacia otro lado y hacer como que no pasa nada, cuando si el mismo comportamiento lo hubiese protagonizado un ministro del Partido Popular, defenderían que debería dimitir o ser cesado por el presidente del Gobierno. Justamente lo contrario de lo que sucede ahora. Y es que este caso recuerda, salvando las diferencias, al del exteniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Eivissa, Alfonso Molina, quien tuvo que dimitir en mayo de este año al destapar este periódico que el Soib le reclamaba la devolución de 27.133 euros de una subvención para cursos de formación a parados. El PSOE trató de defender a Molina y defendieron que todo había sucedido antes de su entrada en política, pero ese argumento no fue suficiente ante la evidencia de la gravedad del caso. Los socialistas deben ser coherentes y actuar según los hechos concretos y no dependiendo de quién los protagonice.