La propiedad de la casa Van der Driesche acaba de presentar una querella contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ante la decisión de la institución insular de declarar el inmueble como Bien Catalogado. O más bien, por el decreto que cautelarmente paralizó el permiso de derribar el inmuebe dictado tres meses atrás.
Los propietarios imputan un delito de prevaricación administrativa al presidente Torres, ya que ellos disponían de todos los permisos para poder derribar la casa y consideran que Torres no tenía competencia para dictar aquel decreto.
Ahora la Ciotupha ha estimado el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos a fin de que se inicie el expediente para proteger la casa y ya no se podrá tocar ni una piedra.
Las razones de la propiedad
Los propietarios de la casa Van der Driesche son víctimas de la inseguridad jurídica que suele rodear a las instituciones de Balears. Compraron una vivienda que se encuentra inhabitable. Querían derribarla. Tenían incluso el permiso para hacerlo. Ahora el Consell ha decidido iniciar el expediente para proteger el inmueble ante el indudable interés arquitectónico que la propia institución no supo ver en su momento.
Como en muchas ocasiones, la presión popular, y sobre todo la de los arquitectos y expertos, obligó a la autoridad competente, en este caso al Consell d'Eivissa, a rectificar una decisión anterior. Desde el punto de vista de los propietarios de la vivienda debe resultar difícil de entender este cambio de opinión tan importante, que además tienen tanta repercusión en su proyecto de construir un nuevo inmueble que se encuentra en muy mal estado y sobre el que ahora no pueden intervenir.
La vía penal
Aunque los propietarios puedan tener razón en el fondo, no parece que la vía penal contra Vicent Torres sea el mejor camino para defender sus derechos. La vía administrativa o la vía civil sería el camino más adecuado.
Sin embargo, el asunto demuestra cómo se improvisa desde las administraciones, que cometen errores que finalmente acaban pagando los ciudadanos. Políticos y funcionarios deberían responder ante este poco rigor porque parece evidente que la vivienda tenía y tiene interés arquitectónico y lo que toca es protegerla.