El Consejo de Ministros aprobará hoy la puesta en marcha del Régimen Especial de Balears (REB), un documento que no logra satisfacer las expectativas iniciales. Aunque se consolidarán determinados aspectos que no se pueden considerar menores, como es el descuento del 75 % para los desplazamientos de los residentes o el paquete de inversiones estatutarias, lo cierto es que el marco global que debería asumir el REB, mucho más ambicioso, queda pendiente de un incierto futuro político en su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Este ambiente agridulce se respiraba en el encuentro mantenido ayer por la presidenta del Govern, Francina Armengol, con los principales agentes sociales de las Islas.
El estigma de Balears.
La coincidencia en el color político de los gobiernos de Balears y España, tanto con el PP como con el PSOE, no ha logrado resolver de manera satisfactoria la relación económica con el Estado de la que, y es algo que conviene tener muy presente, los principales perjudicados son los ciudadanos. Un REB eficaz permitiría solventar la pérdida de competitividad de nuestras empresas respecto a las de la Península, pero la rigidez –e incomprensión– de las grandes formaciones siguen dando a nuestra Comunitat en papel de contribuyente neto sin apenas contrapartidas. Los esfuerzos de la presidenta Armengol por darle dignidad y solvencia al REB se han visto truncados, sin duda, por el adelanto electoral.
Un primer paso.
Resulta obvio que el modelo de REB que se plantea ahora no responde a las necesidades de la sociedad balear en su conjunto, pero se debe interpretar como un escalón más de una reivindicación que se prolonga en el tiempo; una batalla que no se puede renunciar a ganar. Es una cuestión de justicia. Balears recibe su Régimen Especial en cuentagotas, por etapas. Tampoco puede decirse que sea una sorpresa.