El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha abierto una polémica gratuita al anunciar que el Ministerio de Hacienda controla las rentas de quienes se benefician del descuento de residente en Balears y Canarias. A las puertas de una próxima convocatoria electoral el también secretario de organización del PSOE fue más lejos al desvelar que el Gobierno en funciones ya está cruzando datos con la Agencia Tributaria para conocer la relación entre el número de viajes y el nivel de renta. Su objetivo final consiste en determinar «quiénes se benefician de estas bonificaciones y cuántas veces» para que no sean «demasiados los mismos». Las desafortunadas manifestaciones del ministro Ábalos ponen de manifiesto la miopía del Ejecutivo central que, en lugar de controlar a quienes padecen los sobrecostes derivados de vivir en unas islas, debería investigar a las aerolíneas que engrosan sus cuentas de resultados con el aumento de los precios en los trayectos subvencionados por el Gobierno.
Incendio político en Balears y Canarias.
Ábalos, que ya intentó -sin éxito- aplazar la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento y provocó un gran malestar en Balears y Canarias, origina ahora un nuevo incendio político con protestas de gobierno y oposición en ambos archipiélagos. Desde su propio partido marcan distancias, al afirmar el conseller Marc Pons que Fomento debe averiguar si las compañías aéreas distorsionan el descuento. PP, Més per Mallorca, Ciudadanos, Podemos y PI también muestran su rotundo desacuerdo con los criterios del ministro.
La alternativa: la tarifa plana.
Si la fórmula del descuento de residente no resulta eficaz para compensar los costes de insularidad por el uso torticero que hacen las compañías aéreas, el Gobierno debe buscar alternativas. Entre ellas, una tarifa plana en los trayectos interinsulares y desde las islas con la península. Pero siempre ha de garantizar que los ciudadanos de los archipiélagos tengan los mismos derechos que quienes residen en la península.