El incremento de la morosidad en los alquileres de las viviendas gestionadas por el Govern a través del Ibavi, que se ha multiplicado por cuatro desde 2012 y suma 27.442 recibos pendientes, evidencia que, a las dificultades para acceder a un domicilio digno en Balears en general y muy particularmente en Ibiza y Formentera, hay que añadir el problema del coste. Ya no se trata de construir vivienda pública –durante la anterior legislatura no se edificó ninguna y sólo se adquirieron y reformaron 18 en Baleares–, sino de fijar unos precios asequibles, tanto para el régimen de alquiler como para quienes optan por acceder a la propiedad. La Conselleria de Vivienda no dispone hoy de datos sobre cuáles son los precios en Balears y la última actualización en su página web sobre este dato relevante es del 28 de junio de 2013. Han transcurrido más de nueve años, los precios han registrado un crecimiento constante y mantenerlos ocultos no es acertado ni cumple los compromisos políticos de transparencia.
Falta de suelo urbano.
Para facilitar el acceso a la vivienda en Balears es necesario reducir el elevado coste del suelo urbano, ya que éste impide construir viviendas con precio de venta por debajo de los 200.000 euros. Los promotores advierten que el coste del suelo repercutido en cada piso tendría que ser de unos 15.000 euros por vivienda, pero hoy se sitúa en los 60.000 mínimo.
Medidas y actuaciones.
Una vivienda digna a un precio razonable está relacionado con la problemática de la exclusión social como indica el delegado de Cáritas en Ibiza en nuestra entrevista dominical. Un problema de dicha magnitud no se resuleve con planteamientos ideológicos, maniqueos y caducos, como fomentar el alquiler en detrimiento de la compra. Los defensores de la protección territorial han de saber que estas medidas ampliamente reclamadas afectan al precio de la vivienda y que ahora pagamos las consecuencias. Un primer paso para reinvertir la tendencia es poner en el mercado suelo para construir viviendas asequibles públicas y privadas.