Que las navieras Balearia y Trasmapi hayan decidido, en contra de lo que habían venido anunciando, cubrir el trayecto de Formentera-Ibiza a las seis de la mañana y el del sentido contrario de las 22.30 horas es una buena noticia que merece ser celebrada. Además, no harán falta los 225.000 euros que la diputada de Gent per Formentera, Silvia Tur, había logrado pactar con el Govern en el trámite de enmiendas a los Presupuestos de la Comunidad para subvencionar ambos trayectos para lograr el objetivo de mejorar la conectividad de la pitiusa menor y reducir, en parte, los efectos de la triple insularidad. La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer (GxF), destacó ayer que estos horarios permiten a los estudiantes cursar sus estudios en Ibiza sin necesidad de cambiar de isla de residencia y mejorar la complementariedad con los horarios de los aviones, entre otras mejoras obvias.
Dudas en la fecha de entrada del servicio.
La noticia no está exenta, no obstante, de interrogantes que ni Govern ni Consell han sabido explicar. Y es que solo sabemos que el servicio entrará en funcionamiento antes del 1 de marzo, indefinición que cuesta entender cuando se trata de una operación de las navieras que se ha vendido como voluntaria y que la Ley de Transporte Marítimo de Baleares la ampara.
Una ley incumplida durante nueve años.
El Govern admitió ayer que la Ley de Transporte Marítimo de Baleares aprobada en noviembre de 2010 permite al Ejecutivo obligar a las navieras a ofrecer la conexión de las seis de la mañana y otra a las 21.30, sin necesidad de que se haya aprobado el decreto que está en tramitación. No se comprende, pues, que el Consell de Formentera no haya presionado antes al Govern y que éste tampoco haya actuado motu propio antes, a pesar de disponer de los instrumentos legales para hacerlo. Esta incomprensible negligencia ha privado a muchos formenterenses de un servicio esencial al que tenían derecho. Ahora, es deseable que el paso anunciado ayer sea irreversible y que nunca más se reclamen unas franjas horarias garantizadas por ley.