Son decenas de miles los ciudadanos de las Islas los que ya no pueden hacer frente a las deudas bancarias, la crisis ha llegado al tuétano de las economías familiares y no es posible hacer frente a los pagos pendientes por las hipotecas, préstamos personales o los gastos efectuados por medio de las tarjetas de crédito. Este es el escenario cuando apenas han transcurrido los primeros meses de una recesión que puede prolongarse, como mínimo, hasta mediados del próximo año. Las empresas especializadas abogan por el recurso de los afectados a la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo jurídico para tratar de superar este trance al que las ayudas oficiales apenas logran paliar.
Ahorros agotados
Desde el pasado mes de abril, la economía española –y la balear en particular– ha entrado en fase de hibernación. La actividad empresarial es mínima y son escasas las empresas que no tienen datos negativos en sus cuentas, una situación que también afecta de lleno a las familias. Las tasas de ocupación han bajado hasta límites insospechados y las familias han tenido que recurrir a los ahorros para superar la pérdida de ingresos que está ocasionando esta coyuntura adversa. Las Islas sufren de manera más severa este parón, agravado por una temporada turística que no ha alcanzado los índices mínimos para la subsistencia de miles de empresas. Las entidades financieras ya están acusando el aumento de la morosidad y se buscan fórmulas para renegociar los pagos.
Emergencia social.
Mientras se está a la espera de la llegada de la ansiada vacuna contra la COVID-19, más de 30.000 ciudadanos de Baleares se encuentran inmersos en un clima de auténtica emergencia social para el que es preciso adoptar medidas. Todo indica que estamos, por desgracia, lejos de haber tocado fondo y esto significa que miles de familias están entrando en la vulnerabilidad. Todo un peligro social.