La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve a reunirse mañana con empresarios y sindicatos para aproximar posiciones en torno a la regulación del teletrabajo, una asignatura pendiente que exige con urgencia criterios claros para que los empleados y los empresarios sepan a qué atenerse. Durante el confinamiento esta modalidad laboral registró una masiva aplicación, tanto en las administraciones como en las empresas privadas, y el repunte de contagios aconseja utilizar fórmulas que permitan coordinar la actividad presencial con el teletrabajo. Todo ello implica definir y regular los derechos y las obligaciones de cada parte, pero el Gobierno y los agentes sociales aún no han logrado ponerse de acuerdo, como evidencian las numerosas alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia elaborado por el Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos.
Discrepancias entre agentes sociales.
UGT y CCOO reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas aporten los medios para realizar la actividad laboral desde casa y también cubran los gastos a quienes teletrabajan. Pero desde la CEOE advierten que si los criterios que se exigen son «imposibles», muchas empresas podrían contratar fuera de España. «El mundo es global y la digitalización es global», afirma el presidente de la organización patronal, Antonio Garamendi.
Acabar con la indefinición.
Durante el confinamiento ha sido necesario, en muchos casos, trabajar a distancia, pese a que esta modalidad, además de no estar regulada, había tenido escasa aplicación por el temor a no controlar al personal, la indefinición del modelo y la falta de recursos técnicos. Ahora es preciso acabar con esta incertidumbre porque la pandemia impone restricciones entre las que sobresale el distanciamiento social. Y esta medida de seguridad se extiende también al trabajo. Acordar la regulación y las condiciones del teletrabajo constituye en la actualidad un reto inaplazable que debe abordar cuanto antes el Gobierno de Pedro Sánchez.