Las reglas del juego son las que son y hay que respetarlas, a pesar de que caben ciertas correcciones como la composición de la Junta Electoral Central. También hay que admitir que países con más tradición democrática que España permiten acciones aquí impensables, como alargar la campaña electoral durante las votaciones. Y otros, incluso, aprovechan los comicios para preguntar por otros temas. Pero nada de esto es posible en España, donde las votaciones se rigen por prácticas tan obsoletas como el «día de reflexión» y la prohibición de publicar encuestas una semana antes de la apertura de los colegios, aunque éstas puedan ser leídas en páginas web de otros países.
Justa inhabilitación.
Pero esa falta de concordancia de la norma con los tiempos actuales no puede ser razón para negar su eficacia. El president de Catalunya, Quim Torra, fue negligente porque permitió exhibir una pancarta favorable a los presos políticos en la sede de su Govern en plena campaña electoral. Ahora condenado en firme, sostiene todavía que ejerció su derecho a la libertad de expresión, y que incumplió la orden de la Junta que le ordenaba retirar la pancarta porque la consideró «injusta». Efectivamente, con estos argumentos, Torra debe ser inhabilitado. Un cargo público no puede conculcar la ley de manera tan burda, por muy poco que le guste la norma y por mucho que la considere «injusta». Un tribunal que dictara sentencia en sentido contrario cometería prevaricación.
Hacia nuevas elecciones.
Torra se incineró a lo bonzo en unas circunstancias diferentes a las actuales, en plena presión al Estado antes de la pandemia. Ahora posiblemente no repetiría su torpeza. Sea como sea, lo importante es el nuevo escenario que se abre en Catalunya. La situación de provisionalidad absoluta aboca a elecciones, las terceras desde 2015. En ese caso, sería deseable que los resultados fueran entendidos de una vez. La falta de soluciones políticas a la crisis catalana supone un lastre para toda España.