El severo impacto social de la pandemia en Balears ha aumentado la cifra de personas en situación de pobreza, pero sólo la mitad de esta población percibe el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada. Según el análisis del Observatorio Social de Balears, redactado por los profesores de la UIB Maria Antònia Carbonero y David Abril, unos 320.000 residentes en las Islas sufren precariedad y no pueden atender sus necesidades vitales. De ellos, unos 34.000 padecen pobreza severa, una cifra que prácticamente se ha duplicado respecto al año pasado por el coronavirus. Aunque el riesgo de pobreza en el archipiélago es más baja que en otras comunidades, el porcentaje de peligro de exclusión social se halla entre los más elevados de España. Alcanza el 21,5 por ciento, por las crónicas dificultades para acceder a una vivienda digna.
Una situación que empeorará
La situación empeorará durante el invierno por la falta de recursos para dar cobertura a todas estas personas y porque tanto las administraciones como las entidades sociales están desbordadas por el incesante aumento de nuevos peticionarios. La estructura económica productiva de Baleares, basada en el turismo, el trabajo precarizado y las desigualdades sociales ya eran problemas importantes antes de la Covid, pero se han acentuado y agravado.
Esfuerzo público y de entidades sociales
Hasta que se no garantice la eficacia de la vacuna contra el coronavirus y arranque la recuperación económica habrá que seguir aportando ayudas, lo que exige un gran esfuerzo público y también la enorme implicación de asociaciones como Cáritas, Cruz Roja y comedores sociales para garantizar unos mínimos vitales. Es preciso evitar los reiterados retrasos en los pagos del Ingreso Mínimo Vital, una prestación insuficiente, que obliga a los ciudadanos y las familias en situación de exclusión y pobreza a acudir a estas entidades sociales, donde cada semana aumentan las demandas.