Al igual que hace unas semanas reclamamos desde estas páginas ejemplaridad y coherencia al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, al conseller de Movilidad, Josep Marí Ribas, y a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en relación a la comida secreta de Can Botino que no podría haberse celebrado en un restaurante, hoy lo hacemos con el regidor de Hacienda, Agricultura y Pesca de Sant Antoni, Xico Cardona, y con el alcalde, Marcos Serra. Es censurable que cualquier ciudadano decida saltarse las normas por un mero interés individual; más todavía que lo haga siendo concejal de una corporación y en un asunto de competencia municipal. No exime a Cardona de responsabilidad ni tampoco la minimiza que no fuera concejal del gobierno municipal en ese momento, ni tampoco que sea práctica más generalizada de lo que debiera hacer obras ilegales en suelo rústico.
Conocía las normas.
En calidad de concejal de la oposición, cuya labor es fiscalizar al gobierno, entre 2011 y 2015, Cardona tenía la obligación de conocer las normas que impiden construir una piscina en suelo rústico sin licencia de obra mayor, máxime después de haber sido concejal, en este caso del gobierno, entre 2001 2015.
Autoridad moral.
Yerra, pues, el alcalde al indultar a Cardona porque cometió las irregularidades desde fuera del gobierno y haber cometido la osadía de tratar de legalizarlas desde la oposición. Y también al justificar la decisión de mantenerle en el cargo porque desempeña una buena labor al frente de las áreas que gestiona. Un administración, y los políticos que la gobiernan, deben tener autoridad moral para gestionar los asuntos públicos y tener un concejal en el gobierno con un irregularidad urbanística confesa no lo es, máxime cuando el alcalde asumirá la delegación de Urbanismo y, por lo tanto, sancionará a los vecinos por las irregularidades urbanísticas tanto en suelo urbano como en suelo rústico. Cardona cometió un error que merece responsabilidades; Serra está a tiempo aún de no ser cómplice del mismo.