Sigue la pugna entre el Govern y la Oficina Anticorrupción a cuenta de la lista de los privilegios en la vacunación, aunque se haya acotado la relación a todos los altos cargos de las diferentes administraciones públicas, alrededor de 1.600 trabajadores públicos en Baleares. A estas alturas de la campaña podría considerarse anecdótica una cuestión de estas características, pero sin embargo, no es así. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo ha administrado la Conselleria de Salud las vacunas contra la COVID-19 y qué criterios ha seguido para su administración. Es una simple cuestión de rendición de cuentas; de transparencia.
Evitar los privilegios.
Es muy probable que la inmensa mayoría de las vacunaciones adelantadas a todos estos altos cargos estén justificadas, pero la cuestión tiene su origen en la ocultación deliberada de los primeros casos. Este es el pecado original de este episodio que en una situación normalizada no debería haberse producido o, en todo caso, explicado desde el primer momento. Este es el grave error cometidos desde Salud desde el primer momento, la incapacidad de ofrecer una argumentación solvente frente al goteo de casos que se conocían de personas y colectivos cuya vacunación se había adelantado saltándose los protocolos establecidos; al menos los que eran públicos.
Asumir la transparencia.
Los responsables institucionales, con independencia de su color político, se muestran renuentes a aceptar las reglas mínimas de la transparencia en su gestión. Las decisiones que se toman deben poder explicarse en voz alta y con conocimiento de los ciudadanos, el ocultismo al que son tan propicios atentan contra los principios democráticos. La acción de la Oficina Anticorrupción deriva, precisamente, de esa falta de asunción de responsabilidades ante unos comportamientos que entonces escandalizaron a una opinión pública que merece conocer la verdad por incómoda que sea a los gobernantes.