Al día siguiente de reclamar el Parlament al Gobierno la aprobación inmediata de un proyecto de ley con las medidas fiscales del Régimen Especial de Baleares, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero -en su primera visita a las Islas- se mostró dispuesta a negociar la aplicación del REB que fue aprobado en Consejo de Ministros en febrero de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Montero, que cuestionó un sistema fiscal específico para Baleares cuando ejerció como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, defiende que las inversiones del Estado en el archipiélago están por encima de la media aunque los Presupuestos Generales no incluyen la compensación de los costes de insularidad. Según la titular de Hacienda, las inversiones estatales por habitante en Baleares ascienden a 422 euros anuales y «están por encima de la media», que cuantificó en 344 euros.
Una comisión mixta que no se reúne.
Entre los acuerdos aprobados por el Gobierno en febrero de 2019 destaca el ‘factor de insularidad', un instrumento financiero para reducir el impacto económico del hecho insular, especialmente en materia de inversión pública. Este factor debe incorporarse cada año a los Presupuestos Generales del Estado. Govern y Gobierno central han de decidir, en una comisión mixta, el destino de los fondos. Dos años después, María Jesús Montero anuncia ahora que en breve se reunirá esta comisión para concretar la aplicación del factor de insularidad.
Medidas fiscales que siguen pendientes.
También siguen pendientes de aprobación las medidas fiscales del REB de 2019, tal como demandan todos los grupos políticos del Parlament al asumir la proposición no de Ley del PP. Hay que acabar de una vez por todas con estas demoras e incumplimientos que perjudican al conjunto de las Baleares porque no se espera una rápida revisión de la actual financiación autonómica, con un modelo que castiga a las Islas y no reconoce el esfuerzo fiscal que realiza el archipiélago.