Contrasta el interés que ha demostrado la concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Josep, Guadalupe Nauda, a la hora de buscar una solución a los inquilinos de un bloque de viviendas de cala de Bou, junto a los que ha participado activamente en la reivindicación semanal ante el Banco de Sabadell, con los pasos que ha dado el gobierno municipal en relación a los legítimos propietarios de los apartamentos Don Pepe. De los últimos movimientos anunciados por el Ayuntamiento, se concluye que el Ángel Luis Guerrero da por zanjada la búsqueda de cualquier solución que pase por permitir las necesarias obras de consolidación que garantizarían la seguridad y que evitarían la demolición sin que supusiera ni un euro al erario público.
Responsabilidad municipal.
A pesar de que existen dudas razonables que impiden asegurar con rotundidad que el edificio A fue levantado sin licencia, el Ayuntamiento ha sido incapaz de demostrar que su construcción contó con permiso municipal, lo que conlleva inevitablemente a que sea declarado fuera de ordenación. El Ayuntamiento no puede lavarse las manos alegando que se construyó sin licencia, ya que la administración es corresponsable de haber permitido su construcción y la posterior comercialización de las viviendas. De esa corresponsabilidad in vigilando emana la necesidad de resolver un problema muy grave para las víctimas involuntarias de este caso: los propietarios. No hay que olvidar, además, que PSOE y Unidas Podemos se opusieron a una enmienda del PP en el Parlament que habría permitido su rehabilitación, tal como sucede con edificios en situación similar en Cataluña, decisión política que ha frenado otra posible vía de resolución a coste cero.
Una vivienda.
La compra del inmueble por parte del Ayuntamiento bajo el eufemismo de esponjamiento paisajístico es una buena solución, siempre que las valoraciones económicas permitan a los legítimos propietarios adquirir una vivienda de condiciones similares, lo que no es el caso con 41.000 euros para cada uno. Mucho más justo sería entregarles una vivienda de protección oficial, tal como hizo el Ayuntamiento de Ibiza con los vecinos de Santa Margalida.