La Sindicatura de Comptes, organismo público encargado de auditar la cuentas de las instituciones públicas de Baleares, ha anunciado que está elaborando un informe sobre las compras de material, contratos y subvenciones a empresas y particulares relacionadas con la gestión de la pandemia de la COVID. Todo indica que el resultado final del repaso pormenorizado de todas estas operaciones no se conocerá hasta el primer trimestre del próximo año, pero no cabe duda de que genera una preocupante expectación sobre su contenido.
Rutina o sospechas.
El que la Sindicatura advierta del cambio en sus planes de control financiero de las instituciones en unas circunstancias como las actuales, vinculadas con la pandemia, abren la puerta a todo tipo de especulaciones. Parece razonable que ante la excepcionalidad y urgencia de muchas de las medidas que se tuvieron que adoptar en las Islas –basta recordar las carencias en material sanitario básico de protección de los profesionales, la falta de respiradores en las UCI o, sencillamente, simples mascarillas para la población–, la Sindicatura trate de ratificar la transparencia de todas las operaciones que se financiaron con dinero público. Sin embargo, tampoco se puede obviar que –al margen de las pesquisas previas de la Oficina Anticurrupción– es posible que los síndicos trabajen con un ramillete de sospechas por aclarar.
Un zoco mundial.
La expansión de la COVID y sus trágicas consecuencias dejó en evidencia las carencias de un modelo que había concentrado en pocos países, en la práctica sólo China, a los proveedores de los elementos básicos para protegerse del virus por sus precios bajos. La ausencia de una dirección centralizada de compras por parte del Gobierno provocó una lucha económica fraticida en los mercados entre las autonomías; habrá que ver qué opina la Sindicatura del comportamiento de Baleares en todo aquel caos.