A instancias de la Conselleria de Salud, el Govern de Francina Armengol aprobó ayer solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) el aval que permtia exigir al personal sanitario de las Islas la presentación del certificado COVID para acceder y desempeñar sus puestos de trabajo en la sanidad pública y privada. También para que los cientos de profesionales del IB-Salut que todavía no han tenido a bien vacunarse contra la pandemia deban someterse a tres pruebas diagnósticas semanales, dos de ellas PCR, para seguir ejerciendo su actividad.
Reacción al fiasco normativo.
Esta medida del Ejecutivo autonómico, que deberá ser avalada por el TSJB, llega después del fiasco de dejar fuera de la exigencia del pasaporte COVID el acceso a bares y cafeterías con aforos superiores a las 50 personas en pleno puente, mientras, en las mismas fechas, se hacía lo propio en restaurantes. Después también de que la ciudadanía balear haya tenido constancia de que más de 1.500 docentes se niegan a recibir algún tipo de vacuna contra el virus cuando el Govern abre desde hoy citas para vacunar a niños de 9 a 11 años y el número de aulas confinadas va en aumento.
Aval de la ciudadanía.
¿Será el sector educativo el próximo en verse en la tesitura de presentar certificado de vacunación o someter a pruebas PCR a los docentes contrarios a la vacuna? El portavoz del Govern rechaza especular sobre la posibilidad de extender esta petición a otros colectivos profesionales. No obstante, a nadie escapa que, en pos de garantizar la seguridad de centros hospitalarios y pacientes, el Govern da un paso más hacia la obligatoriedad de la vacunación de determinados grupos de empleados públicos, como son los que integran sanitarios y profesores; cuyos casos de renuencia a la vacuna causan no poca indignación entre la mayoría de ciudadanos. A la espera del aval del TSJB, Armengol cuenta, esta vez sí, con el de la calle.