Con una tasa de positividad que supera el 19 por ciento, lo que dificulta y colapsa las tareas de rastreo, Baleares se halla en un momento crítico. El portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas en las Islas, Javier Arranz, afirma que la situación es análoga a la del 25 de enero, cuando había 10.000 casos activos de COVID en el archipiélago con un 4,4 por ciento hospitalizado y un 1,1 por ciento en la UCI. Ahora hay 62 pacientes en las unidades de cuidados intensivos por el virus, con una ocupación del 18,18 por ciento, que sigue en riesgo alto. Al mismo tiempo, hay 234 contagiados en planta y 15.332 enfermos leves están en seguimiento por Atención Primaria. Lo más preocupante es la veloz propagación del virus por la variante ómicron, que es la predominante, con gran capacidad de contagio; y que la alta tasa de positividad impida el rastreo y detección de todos los casos.
Otras acciones con alta vacunación.
El Govern anuncia controles estrictos y severas sanciones para los establecimientos de ocio nocturno -que, a diferencia de Cataluña, donde han de cerrar de 1 a 6 de la madrugada- que incumplan las medidas sanitarias. Es el momento de plantear otras acciones, porque con altas tasas de vacunación y una variante que pueden transmitir los inmunizados, exigir el certificado COVID no garantiza el control de la transmisión en locales cerrados y pueda crear una falsa seguridad que relaje la protección.
Marco compartido y pedagogía.
Se impone la cogobernanza con reglas de respuesta comunes que permitan marcar las actuaciones en función de la diversidad local de la evolución de la pandemia. Sin un marco normativo compartido, cada estrategia autonómica, en un clima de rivalidad política, es motivo de confrontación. Es el momento de la pedagogía, que se ha de ejercer desde la responsabilidad política e institucional, para que la población comprenda el sentido y el objetivo de las medidas, y que su aplicación sea viable.