Aceptar el euro como moneda común es una de las grandes cesiones de soberanía de los diecinueve países que integran la Eurozona, una decisión que ahora cumple su vigésimo aniversario y que tuvo –y tiene– un enorme impacto en los mecanismos reguladores de la economía de sus respectivos miembros. Los diferentes gobiernos perdieron el poder de decisión sobre la fluctuación de sus respectivas monedas, el valor de la divisa europea quedó fijado y con ello un escenario muy diferente del que se generaron beneficios e inconvenientes para los ciudadanos; en todo caso se trataba del peaje a abonar para avanzar en el espíritu de la Unión Europea. En este tránsito no cabe duda que –al igual que ocurre con el tratado de Shengen– no todo han sido aciertos, aunque no hay duda de que los beneficios superan ampliamente los inconvenientes.
Pérdida de competitividad.
La llegada del euro supuso la pérdida de competitividad turística de Balears frente a otros destinos, que podían jugar con las devaluaciones para hacer más atractivos los paquetes turísticos e incluso las inversiones. El bolsillo de los ciudadanos también notó el notable incremento de precios, incluso de manera injustificada, por una mezcla de picaresca y desconocimiento. Sin embargo sería injusto no destacar los beneficios provocados por la estabilidad monetaria o el control y las ayudas propiciadas desde el Banco Central Europea. Sobrevivir a las últimas crisis sin el amparo de la UE hubiese sido mucho más complicado para España.
Con Europa mejor.
La apuesta de España por el euro se ha demostrado como la mejor opción, incluso para las Islas visto con perspectiva. La facilidad en el movimiento de capitales ha permitido amortiguar momentos complicados de la economía de estas dos últimas décadas, tal y como admiten los expertos. El reto es saber corregir los errores del pasado, y aquí es donde se percibe una falta de voluntad colectiva.