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Editorial

PSOE y Podemos, de perfil en el control de fiestas ilegales en villas

El intrusismo es un problema histórico en las Pitiusas y, dentro de éste, están las fiestas ilegales en villas y casas de campo, que han proliferado en los últimos dos años de pandemia de coronavirus. El Consell d'Eivissa ha elaborado una propuesta normativa, que pasa por retirar la condición de vivienda a aquellos espacios en los que se celebran estos eventos ilegales, y la ha remitido al Govern, que es quien tiene las competencias. Es el Ejecutivo autonómico, gobernado por PSOE y Podemos, quien debe dar luz verde al cambio normativo que piden desde Ibiza para atajar este problema. La máxima institución insular ha consensuado la norma con patronales empresariales y turísticas, que exigen soluciones ya, y los cinco ayuntamientos. Pero hay dos que, de entrada, ya se han desmarcado de este consenso inicial: Vila y Sant Josep.

Rechazo de Vila y Sant Josep.
Los equipos de gobierno de los Ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, gobernados por PSOE y Podemos, afirman que no están de acuerdo con la normativa planteada desde el Consell d'Eivissa porque tienen dudas jurídicas, si bien no han especificado exactamente cuáles son ni qué otras propuestas podrían llevarse a cabo para atajar este inmenso problema en Ibiza. A nivel político, ambas formaciones han evitado pronunciarse públicamente sobre la propuesta del Consell d'Eivissa. De hecho, representantes de Podemos y del PSOE no atendieron ayer las llamadas de este rotativo para conocer las posturas de ambos partidos.

Interés común.
El rechazo de los Ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep es un augurio de lo que podría pasar con la propuesta hecha desde Ibiza: como surge de un equipo de gobierno antagónico al Govern de PSOE y Podemos, la iniciativa podría caer en saco roto pese a lo buena que sea y a la urgencia en aportar soluciones a este problema. Si finalmente esta propuesta no sale adelante será,como bien dijo Vicent Marí, un desprecio más de Mallorca hacia los ibicencos. Las diferencias políticas en un asunto que afecta tanto a la imagen turística de Ibiza deben dejarse de lado y debe primar el interés común.

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