La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer con los sindicatos el acuerdo del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 35 euros, hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Las grandes organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, se oponen a la medida y rompen el clima de consenso alcanzado con la reforma laboral. El nuevo marco laboral afecta a centenares de miles de trabajadores; la mayoría, jóvenes y mujeres.
Oportunidad política.
La ausencia del apoyo de las patronales es un detalle que no puede pasar desapercibido en el momento de abordar el aumento del salario mínimo, que tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de este año. En el contexto actual, de clara incertidumbre económica, aplicar de manera unilateral el alza pactado con las grandes centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras, levanta los lógicos recelos entre el empresariado al margen de los conocidos beneficios indirectos que genera. Mejorar la retribución de los trabajadores siempre reactiva al consumo. El rechazo es, ante todo, una cuestión de oportunidad.
Acelerar los compromisos.
El Gobierno parece dispuesto a acelerar el cumplimiento de los principales compromisos sociales, una estrategia saludable en lo que significa de dignificación en materia de retribución salarial frente al resto de países de nuestro entorno. Sin embargo, resulta necesario acompasar los cambios para evitar consecuencias indeseadas pues la situación global de la economía española no puede considerarse estabilizada. En este momento es imprescindible la máxima cautela si se quiere consolidar la salida de la crisis, ampliada por el desaforado aumento de los costes de la energía. España logra avanzar en materia laboral, pero serán los próximos meses los que determinarán la idoneidad de la decisión.