La aprobación de la ley turística este jueves en el Parlament marca un punto de inflexión en el marco jurídico que regula la actividad económica más importante de las Islas, una trascendencia que se sustenta en diferentes propuestas que cambian los paradigmas tradicionales del sector. La moratoria en la creación de nuevas plazas, destinadas a reducir la oferta de alojamientos, favorecer el producto local y la consideración de los avances sociales para los trabajadores son, entre otros, los aspectos más destacados de un texto que viene precedido de la natural controversia política y social.
Limitar el crecimiento
En los últimos años se ha extendido el discurso de fijar un límite al crecimiento de la oferta turística en Baleares. Con un territorio limitado, los recursos no son ilimitados, tanto de suelo como de agua, carreteras o sanidad, cuya demanda acaba siendo insostenible. Otro tanto puede decirse del consumo de los recursos paisajísticos, algunos de los cuales se han tenido que acotar en la cifra de visitantes para evitar su colapso definitivo. Como en otras ocasiones, el Ejecutivo autonómico ha pecado una vez más de falta de consenso en Ibiza ya que no ha contado con la experiencia de la patronal hotelera pitiusa y ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Consell d'Eivissa, desde donde le advirtieron que la senda reformista emprendida hace años en la isla no había conllevado un aumento de plazas si no una reducción.
Foco equivocado
La ley turística tiene por delante la misión de convencer a los colectivos más críticos con su puesta en marcha, desde socios del Govern –el caso de Unidas Podemos– hasta la patronal del alquiler turístico y, por supuesto, los grupos de la oposición. En el caso de las Pitiusas, desde Ibiza advierten al Govern que el foco es equivocado, y no les falta razón, ya que se controla y regula una vez más la oferta legal, mientras la ilegal sigue creciendo pese a los intentos de disminuirla (como siempre, la astucia de quienes ejercen ilegalmente una actividad va por delante de las administraciones y sus trámites burocráticos).