Unos 60 trabajadores del Ayuntamiento de Ibiza se manifestaron el jueves en Can Botino mientras en el interior se celebraba el último pleno del año. Convocados por tres de los cuatros sindicatos con representación en el Consistorio, CCOO, CSIF y SPPME, los trabajadores mostraron su rechazo a una política de personal que, hasta ahora, solo ha dado respuesta a las reivindicaciones de UGT, sindicato vinculado al PSOE. La responsable del área, la socialista Estefanía Torres, insinuó durante el debate que la convocatoria había sido «politizada».
El conflicto con la RPT.
En el centro del enfrentamiento se encuentra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el catálogo de las posiciones laborales que existen en el Ayuntamiento, con sus correspondientes categorías y remuneraciones. Su redacción fue encargada por el Gobierno de Rafa Ruiz en 2018 a una empresa, con un coste de 90.000 euros. Entregada en 2019, ha sido imposible su negociación con la mayoría de los sindicatos. A esto se suman otras denuncias como las relacionadas con las negativas condiciones de trabajo de la Policía Local o el abuso en la utilización de los bolsines para cubrir las necesidades.
Aceptar la oferta de la oposición.
Que un gobierno del PSOE y Unidas Podemos no haya sido capaz de activar algo tan básico es llamativo. Que un sindicato como CCOO promueva la protesta lo es aún más. El recurso fácil es el de acusar a la oposición de «politizar». Y, aunque es cierto que Estefanía Torres tiene un buen balance de resultados, no lo es menos que nunca suele ser recomendable empezar la casa por el tejado. Tal vez Ruiz y Torres harían bien en aceptar la oferta de la oposición para sacar adelante la RPT entre todos. La política es efímera pero la función pública siempre está ahí. Y de ella sí que dependen los resultados de cualquier gobierno.