La regla de minimis es una ley de la UE que limita a 200.000 euros durante tres años la cuantía máxima de las ayudas comunitarias que pueden recibir las empresas de Baleares. Esta norma hace que en la práctica las empresas de las Islas no puedan compensar debidamente los sobrecostes derivados de la insularidad y, además, impide acceder a otras subvenciones. Es una regla comunitaria que también restringe el alcance de las medidas fiscales del Régimen Especial de Baleares, tal como acaba de denunciar el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eduardo Soriano, al advertir que «limita mucho» los beneficios que el REB pueda aportar a las empresas de Baleares. Las asociaciones empresariales y las entidades económicas de las Islas vienen reclamando un tratamiento específico para Baleares, que, al no ser región ultraperiférica como Canarias, ve limitadas las ayudas de la UE.
Norma de la UE que es un lastre
Las restricciones que impone al Archipiélago la norma de minimis, incluida en los Reglamentos Europeos sobre Ayudas de Estados, perjudica a las empresas de Baleares, que no pueden competir en igualdad de condiciones a las situadas en territorio continental. También afecta a su productividad. La limitación afecta a todas las ayudas, por lo que la regla de minimis se acaba convirtiendo en un lastre.
Sobrecostes que no son compensados
La revisión, durante el 2023, de los reglamentos de la UE que regulan los mecanismos para la concesión de estas ayudas, abre la puerta a la modificación de los criterios actualmente en vigor para incrementar las cuantías y, en el caso de Baleares, valorar su condición de territorio que, aún siendo región insular, no cumple los requisito de ultraperiférica por su proximidad al continente. Somos una región que soporta unos sobrecostes derivados de la insularidad que hoy por hoy no son compensados.