La sorpresa saltaba hace unas semanas cuando, por mediación del PP balear, Llorenç Córdoba y los consellers de Sa Unió parecía que iban a poner fin, o al menos intentarlo, a la grave crisis institucional y política en la que está sumido el Consell de Formentera después de que el pasado mes de noviembre el presidente y diputado balear exigiese un sobresueldo a la presidenta Prohens. Las intenciones por retomar la gobernabilidad en la máxima institución insular parecía que eran sinceras, pero todo saltó por los aires este viernes por la tarde tras el último encuentro. Y es que Sa Unió lanzó un duro comunicado en el que acusaban a Córdoba de «comportamiento irracional y temerario, que sólo piensa en el sillón», al tiempo que recordaron que llevan meses pidiendo su dimisión «por falta de ética, falta de confianza, por no hacer su trabajo y por crear problemas en lugar de aportar soluciones». También destacan que lo lógico sería que «si tiene que dimitir alguien para que el gobierno pueda continuar debería ser uno para que continuasen ocho y no ocho para que continúe uno», destacaron. Como era de esperar, Córdoba no se ha quedado callado y les ha llegado a llamar «terroristas» por plantearle el «ultimátum» de que Alcaraz retomase las competencias de Promoción Económica. Por su parte, los consellers de Sa Unió han dimitido, pero mantienen el acta.
Los escenarios.
El secretario del Consell de Formentera ha sido tajante: el sistema «ha explotado», pues en Formentera no es posible que el presidente nombre consellers no electos, cosa que sí que pueden hacer el resto de consells de Baleares. Según expone, habría que modificar la Ley de Consells para que incluyera un precepto específico para Formentera. Y es que esta situación es completamente «inaudita», en palabras del secretario de la máxima institución insular de la pitiusa sur, quien tiene claro que la isla está en un callejón sin salida ya que hay «ingobernabilidad absoluta». Esto se notará en el día a día de ciudadanos y empresas, según advierte este profesional, pues entre otras cuestiones se ha dinamitado la junta de gobierno. Existe también la opción de modificar con «extrema urgencia» el reglamento orgánico de la Ley de Consells, pero esto tendría que ser avalado por el Consultiu, un trámite largo y farragoso. En definitiva, todo este vodevil político ha desembocado en una parálisis aún mayor de la que ya había.
La oposición.
PSOE y GxF se han mantenido más bien al margen de toda esta crisis institucional, manteniendo en todo momento que Sa Unió fue la lista más votada y, por tanto, la elegida para gobernar y que deben ser ellos quienes solucionen sus problemas. En paralelo, siempre han sido conscientes de que todo esto les beneficia políticamente. Tras este último capítulo, GxF ha endurecido su discurso y pide la dimisión y renuncia de acta de Córdoba y todos los consellers, una decisión que no es descabellada sino más bien coherente, responsable y consecuente visto el devenir de los acontecimientos en los últimos meses.
Las soluciones.
Ahora mismo, el Consell de Formentera es ingobernable. Urgen soluciones y que todos los protagonistas implicados hagan un esfuerzo por demostrar la responsabilidad política e institucional que deberían haber demostrado hace meses. Y es que unos se acusan a otros de querer mantener la silla (y el sueldo), algo que a ojos de la opinión pública parece que les interesa a todos por igual.
La institución no puede estar más tiempo paralizada, pues afecta en el día a día de ciudadanos y empresas. El escenario más realista, visto que las posturas son irreconciliables, es una nueva convocatoria electoral y que, de nuevo, elijan los ciudadanos.