El Gobierno de Sánchez parece no haber asumido que el PSOE perdiese el Govern balear en las elecciones de mayo del pasado año. Durante los últimos días el Gobierno ya ha anunciado dos recursos de inconstitucionalidad contra dos importantes medidas adoptadas por el Ejecutivo de Prohens. Por una parte, la legalización de propiedades en suelo rústico que llevan años construidas y que no pueden derribarse. Por otro lado, desde el Gobierno central ya han advertido que consideran inconstitucional la supresión de la Oficina Anticorrupción.
Medidas políticas.
A la espera de lo que pueda dictaminar el Tribunal Constitucional, ambos recursos tienen en el foco medidas de gran calado político por parte de Prohens y su equipo. La legalización de viviendas en suelo rústico se produce ante el bloqueo legal de miles de inmuebles que se encuentran en el limbo jurídico suponiendo un grave perjuicio por los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que estas casas no pueden derribarse y, por lo tanto, aunque no se legalicen seguirán en pie. Parece que lo más sensato es que se produzca una legalización de estos inmuebles, cuyos dueños además deberán pagar una sanción por la regularización. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, es evidente que durante años ha actuado como un organismo al servicio de la izquierda sin ningún tipo de disimulo. No tenía ningún sentido mantenerlo.
Respetar los resultados.
En muchas ocasiones el propio Sánchez apela a los resultados electorales como aval para la adopción de decisiones políticas. Así funciona la democracia y debe respetarse, guste o no, pero da la sensación de que esta máxima no se piensa cumplir en el caso de Balears, donde el Govern ha tomado unas medidas políticas después de haber ganado las elecciones. A diferencia de Sánchez en España, Prohens sí fue la vencedora de las pasadas autonómicas, pero da la sensación de que existen instrucciones muy claras para erosionar la imagen del Govern con continuas amenazas desde Madrid. El respeto institucional debería ser un aspecto sagrado en democracia, pero parece que Madrid quiere utilizar todas las vías posibles para intentar recuperar la autonomía balear. Y ese camino no puede ser positivo para nadie.