El juez decano de Ibiza, Sergio Fernández, denunció este miércoles en el programa BNP de la Televisió d’Eivissa i Formentera que el Gobierno de Sánchez no presta la atención que se merece la administración de Justicia. Recuerda que de los 300.000 millones de gasto de los Presupuestos Generales del Estado apenas 2.000 se destinan al área de Justicia. «Siempre se ha invertido muy poco en la Administración de Justicia», ha criticado Fernández, quien reconoce que falta personal y por ello los asuntos judiciales se ralentizan para la desesperación de los ciudadanos.
Situación de Ibiza
En relación a los juzgados de Ibiza, Fernández explicó en BNP que los juzgados están divididos entre su propio edificio y las oficinas del Ministerio de Justicia tiene alquiladas a un precio de 600.000 euros al año. Dicha dispersión, señala Fernández, genera problemas de todo tipo. El juez decano califica los servicios judiciales del CETIS como «una chabola judicial», a la espera de que Justicia acabe las obras del edificio de la plaza de Sa Graduada. Además, Fernández admitió que el precio de la vivienda también es un serio obstáculo para tener a los funcionarios judiciales.
Más juzgados
El juez decano reconoció que no tiene mucha esperanza en que sus peticiones para crear un séptimo juzgado de Instrucción y un segundo juzgado de lo social salgan adelante. Realmente si el propio juez decano hace una radiografía tan pesimista sobre la situación de la justicia en Ibiza y Formentera los ciudadanos deben estar preocupados. Los asuntos judiciales se eternizan y las instalaciones, como el propio Fernández reconoce, son muy mejorables, a pesar de la apertura de los nuevos juzgados. Pero es un sentir generalizado que la Justicia no está a la altura de las necesidades de las Pitiusas y lamentablemente los ciudadanos tienen muy asumido que si inician un trámite judicial deberán esperar meses y meses antes de producirse la resolución. También es realmente preocupante que estas deficiencias denunciadas por el propio juez decano no merezcan un mayor debate entre la clase política de Balears con el objetivo de presionar para que mejoren los servicios judiciales. Con el silencio actual no es difícil adivinar que la actual situación puede eternizarse.