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Soluciones para evitar la proliferación del chabolismo

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El Ayuntamiento de Sant Josep anunció esta semana que desalojará el asentamiento de Can Raspalls y sancionará a propietarios y acampados, así como a quien ha estado alquilando su chabola por 45 euros la noche cada día de verano en la plataforma Airbnb. Las multas irán desde los 750 euros para los moradores hasta los 91.000 para quien alquilaba su infravivienda en Airbnb. El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha anunciado que se procederá al desalojo del asentamiento en el cual los últimos días, tanto Guardia Civil como Policía Local, han estado realizando un recuento de la cantidad de personas que viven en el solar.

Gran extensión.

El recuento realizado ‘in situ’ en el asentamiento es realmente un motivo para preocuparse. Se ha confirmado que existían en Can Raspalls 154 núcleos y 206 camas, por lo que urge actuar por una cuestión, señala el Ayuntamiento de Sant Josep, de salud pública e higiene. La Policía ha confirmado que en Can Raspalls se han encontrado acumulaciones de residuos, que se pueden convertir en un peligroso foco de posibles incendios y salubridad para los vecinos.

Situación ilógica.

Las primeras denuncias sobre la presencia de personas viviendo en Can Raspalls comenzaron en 2015. Con el paso de los años las tiendas de campaña empezaron a proliferar y durante los años 2022 y 2023 se adoptaron las primeras actuaciones municipales, que se han demostrado hasta ahora totalmente insuficientes. Que el solar de Can Raspalls pertenezca a un fondo de inversión en lugar de a un particular no ha ayudado demasiado en que se intentase solventar mucho antes esta situación. Lógicamente, Can Raspalls debe desmantelarse, pero no conviene engañarse. Después de Can Raspalls las personas que no encuentran vivienda buscarán otros solares para poder vivir durante la temporada de verano, aunque sea en tiendas de campaña. Prácticamente todos los residentes en este asentamiento tienen trabajo (sólo ocho afirmaron no tener trabajo), un sueldo, pero no encuentran ni una simple habitación que puedan pagar para vivir durante unos meses. La situación es dramática desde el punto de vista humano, pero hay meses por delante para que todos, desde el Consell hasta los ayuntamientos y patronales, busquen una solución razonable e imaginativa para evitar estos asentamientos de la vergüenza.

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