La rebelión popular vivida el viernes en Sant Antoni contra la ‘okupación’ de la vivienda de un vecino del municipio portmanyí ha provocado sorprendentes reacciones políticas ante un problema cada vez mayor que no ha sabido darse solución a través de las leyes. Por todo ello es muy sorprendente es que el PSOE pida explicaciones al alcalde Marcos Serra por la actuación de la policía local el viernes y que Podemos insista en que las leyes antiokupación son suficientes.
Los socialistas.
Los socialistas pitiusos remitieron este sábado un comunicado en el que dejaban claro que están en contra la okupación, pero seguidamente acusaban al PP de hacer creer a los ciudadanos que las leyes no funcionan en este país, lo que consideran un discurso irresponsable. Por todo ello lamentaban que la gente intente hacer justicia por su cuenta. Desde Podemos, Óscar Rodríguez insiste de nuevo en que las leyes antiokupación son suficientes y, sobre todo, rápidas. «La legalidad vigente protege al propietario», ha declarado el portavoz de Podemos en el Consell d’Eivissa.
Las leyes no funcionan.
Es rotundamente falso que las leyes protejan a los propietarios, como dice Rodríguez, y como ha quedado demostrado sobradamente en muchos de los episodios de okupación que se han registrado en Ibiza. Si fuese como asegura el portavoz de Podemos no hubiese hecho falta que los propios ciudadanos expulsasen al okupa de Sant Antoni ni que tampoco existiesen empresas como Desokupa, que intentan alcanzar un acuerdo económico para desalojar a los delincuentes de las propiedades privadas. Por este motivo es necesaria una ley contundente contra estas tramas que invaden viviendas privadas y urge poner en marcha una legislación que proteja más a todos aquellos que pagan sus impuestos y que intentan salvaguardar los bienes conseguidos con su esfuerzo. Es decepcionante que partidos como Podemos o incluso el PSOE lancen mensajes tan tibios contra la okupación en lugar de defender a los ciudadanos que sufren este tipo de delincuencia. Mientras Armengol mantenga paralizada la ley antiokupación en el Congreso y no cambie la ley, es probable que la situación vivida en Sant Antoni vuelva a repetirse en Ibiza o en cualquier ciudad española. El pueblo ha dicho ‘basta’ y los políticos que hoy por hoy tienen posibilidad de cambiar las cosas no han entendido el mensaje.