En julio de 2023 entró en vigor el acuerdo suscrito en noviembre de 2022 por la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la presidenta Francina Armengol, para transferir las competencias de Costas a Baleares. El Govern debía asumir la plena y eficaz gestión de 1.500 kilómetros del litoral balear, pero se hizo de forma incompleta, como advierte el catedrático de Derecho Administrativo de la UIB, Avel·lí Blasco. Afirma que «el Estado ha sido muy mezquino en la transferencia de Costas, con un comportamiento que no se justifica en absoluto, dando lugar a un traspaso de competencias a medias». A la escasez de medios del traspaso se añade que el Gobierno se reservó el cobro del canon por la ocupación y explotación del dominio público marítimo-terrestre, mientras que los ayuntamientos solo perciben un 10 %. Las concesiones en la costa balear también precisan la conformidad del Gobierno.
Costas ingresa a costa de Baleares.
El conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente –que califica esta competencia de «infradotada, mal negociada y discriminatoria»–, reclama a Costas que gaste en el Archipiélago la cantidad que ingresa gracias al canon que cobra por chiringuitos, embarcaderos, boyas y servicios en el litoral. Según el Govern, estos dos últimos años, Costas ha ingresado con este mecanismo 12 millones de euros anuales.
Renegociar la transferencia.
¿Qué sentido tiene traspasar la competencia de Costas a Baleares, pero no ceder los ingresos del canon? Ninguno, sobre todo cuando los ingresos para el Gobierno central han aumentado un 30 %, mientras el Govern balear no recibe ninguna compensación. Por ello, es preciso a la par que urgente renegociar esta transferencia y sentar las bases de un acuerdo más coherente. Además, el Estado se reserva la última palabra sobre Costas en las Islas Baleares, lo que acarrea un enorme lío competencial por la concurrencia de dos administraciones, Estado y Govern, en un mismo ámbito.