La presencia o no de la agencia europea de inmigración, Frontex, en las Islas Baleares ha desatado la última tormenta política en torno a la oleada de pateras que llega desde Argelia. El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha sido directamente desmentido por los responsables de la agencia que niegan haber recibido una petición de ayuda del Gobierno de España y limitan su papel al de la colaboración de dos aviones en la detección de las barcas en el mar y el aviso a las autoridades para que rescaten a los migrantes. Este desmentido, además de insólito, es muy grave.
Desmentido.
El desmentido de Frontex ha llevado al PP y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a cargar contra Rodríguez y a pedir su dimisión. No es la primera ocasión en la que el Gobierno se enreda en los términos en torno a la ruta, tras meses dando vueltas a si está «consolidada» o no, tras varios años de crecimiento ininterrumpido en la llegada de migrantes y la expansión a ciudadanos de países inauditos hasta hace no mucho como Somalia, a más de seis mil kilómetros de Balearse. El debate en torno a Frontex sucede también al del traslado de los menores desde Canarias y vuelve a poner la inmigración irregular como uno de los grandes temas de la agenda política en las Islas Baleares, que siguen viviendo un goteo incesante en la llegada de pateras, sobre todo Ibiza y Formentera.
Avance.
La polémica se produce justo al día después del único avance visible en años contra la ruta migratoria: la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a Argel y su reunión con su homólogo Saïd Sayoud. Es la primera conversación entre ambos países desde el encontronazo de 2022 por el acercamiento español a Marruecos en torno al Sáhara Occidental. La colaboración entre ambos países y la posibilidad de devolver a migrantes mantuvo durante una década la ruta como una vía de acceso residual, casi anecdótica. La colaboración con el país magrebí es clave. Frontex, por su parte, es una herramienta que ha mostrado su utilidad en otros países europeos.