Una semana después de que el juicio contra él concluyera, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación especial para ejercer su cargo y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. El proceso contra el alto funcionario se inició tras la filtración de un correo con la admisión de un fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid. La sentencia todavía no se ha redactado y, en consecuencia, no se sabe en base a qué los magistrados condenan a García Ortiz, pero ha trascendido que dos de los siete magistrados -en concreto dos juezas progresistas- han anunciado que formularán un voto particular. Es decir, la sentencia no se ha alcanzado por unanimidad, pero sí por mayoría. Sea como fuere, el todavía fiscal general deberá dejar su cargo y, sin duda, se trata de un duro revés para el Gobierno, que siempre ha defendido su actuación en este caso y ha clamado por su inocencia. El propio presidente Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista el pasado 9 de noviembre, mientras se llevaba a cabo el juicio, que el fiscal es «inocente». «Y más aún tras lo visto en el juicio», apostilló.
Peligroso discurso.
Las reacciones ante esta sentencia histórica, de unos y otros, no se ha hecho esperar. El Ejecutivo central ha reaccionado con indignación ante el fallo judicial porque consideran que no hay pruebas para condenar al fiscal general y han anunciado que respetan la sentencia, pero no la comparten. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido calma a los ciudadanos y ha reiterado que desde el Gobierno están convencidos de la inocencia de su fiscal. En esta misma línea se ha expresado el PSOE, quien afirma que respetan el fallo del Supremo «como corresponde en un Estado de Derecho», pero no lo comparten. Otros partidos, como Podemos, han ido más allá y están calentando a las masas con afirmaciones como las que ha soltado Ione Belarra: «Sobre el asesinato civil del Fiscal General del Estado. Puro golpismo judicial». Irene Montero, por su parte, afirmó este jueves que «hay una mafia golpista judicial y mediática. Cuando dijimos que había que reventar a la derecha, nos quedamos cortas».
Dimisión de Sánchez.
Alberto Nuñez Feijóo, líder del PP, ha considerado que hay «un antes y un después» de la sentencia del Tribunal Supremo y ha pedido que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dimita y convoque elecciones, algo que previsiblemente no sucederá a la vista de la estrategia presumiblemente lanzada desde Ferraz y el Gobierno de «lo respeto, pero no lo comparto». El Gobierno debe mantener una postura institucional y, sobre todo y ante todo, respetar al poder judicial, sin lanzar sospechas ni ínfulas. El PSOE y otros partidos y políticos que han cargado contra el poder judicial tras esta sentencia histórica deberían recordar la separación de poderes, que debe estar siempre presente y no sólo cuando les interesa.