La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a la considerada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez y al expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, en el transcurso de una investigación sobre contratos públicos bajo sospecha. Los arrestos han provocado un nuevo terremoto político, el enésimo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que llega justo cuando se están conociendo graves casos de presunto acoso sexual de políticos socialistas. La tensión, pues, es máxima, y el desgaste del Gobierno llega a límites impensables hasta hace poco. Los delitos que se les imputan a Díez y Fernández, en un principio, son falsedad documental, fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación judicial, que no está cerrada, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. A esto se suma, además, la detención del presidente de la aerolínea Plus Ultra que el Gobierno de Sánchez rescató en tiempos de pandemia de coronavirus.
Sospechas.
Leire Díez, que llegó a sostener ante la prensa en una comparecencia delirante que todo lo que hacía era para una investigación periodística, trabajó en una empresa tecnológica y ahora se indaga si tuvo acceso a contratos públicos. Fernández, por su parte, está considerado como uno de los hombres de confianza de la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero, por su parte, este jueves se pronunció siguiendo la línea de su líder, Pedro Sánchez, negando la mayor y afirmando que no conocía Servinabar, desmarcándose del expresidente de la SEPI y diciendo que está tranquila sobre las declaraciones que pueda efectuar la ‘fontanera’ en sede judicial.
Pedro Sánchez se esconde.
Los investigadores están rastreando los vínculos de ambos relacionados también con la constructora Servinabar y las adjudicaciones de obras públicas bajo sospecha. Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas que acabó en prisión por presunta corrupción, pagaba con la Visa de Servinabar. A esto se suma el registro que la UCO ha empezado por empresas como Forestalia. El círculo, pues, se va cerrando y los frentes judiciales se le multiplican al Gobierno. De momento Sánchez apuesta por resistir, escondiéndose para evitar dar explicaciones.