Balears ya es la comunidad autónoma con el mayor número de piscinas por habitante. De hecho, en las islas ya se contabilizan 100.000 piletas, de las cuales una quinta parte son ilegales y se enfrentan a un proceso urbanístico para su demolición además de una sanción económica para los propietarios. Se trata de un fenómeno imparable, que cada año va a más, y que ha provocado que en zonas turísticas su demanda se dispare. También en municipios como Marratxí, donde hay numerosos chalets unifamiliares y complejos residenciales, han proliferado en los últimos años este tipo de construcciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cambio climático es una realidad y que las lluvias en Balears son cada vez más escasas; ahora, además, normalmente llueve de forma torrencial durante unos minutos, con los consiguientes efectos devastadores que esto conlleva. En definitiva, la emergencia por sequía es una realidad y en pueblos como Artà, por ejemplo, se ha aprobado una moratoria en la construcción de piscinas, por el elevado gasto de agua que supone su puesta en marcha y mantenimiento. En este sentido, el Consell ya limitó el año pasado el tamaño de las piquetas, para intentar contener este derroche.
Pérdidas enormes.
No en vano, se calcula que cada año se pierden entre 7 y 8 hectómetros cúbicos de agua por la evaporación del agua de las piscinas. Reducir la profundidad de estas instalaciones puede ser una solución, pero la construcción indiscriminada de albercas debe moderarse.
Sanciones más duras.
Por otro lado, también deberían endurecerse las multas a los propietarios que construyen una piscina ilegal, para hacer su finca o chalet más atractiva a la hora de alquilarlo a turistas. En muchas ocasiones, a los infractores les sale a cuenta cometer la infracción y abonar el importe de la sanción, pero seguir explotando la piscina sin licencia.