La regularización extraordinaria de migrantes, acordada por el Gobierno, permitirá a 500.000 extranjeros la obtención del permiso de trabajo y residencia. Su objetivo consiste en garantizar los derechos de estas personas y conseguir su integración social y laboral en España. El Ejecutivo se basa en una iniciativa legislativa popular que obtuvo más de 700.000 firmas, bloqueada en el Congreso de los Diputados hace más de un año y medio. Utiliza la fórmula del Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros para agilizar trámites y esquivar obstáculos parlamentarios.
¿Masivas o individualizadas?
Mientras el Gobierno califica de «histórica» la decisión «al reforzar un modelo basado en los derechos humanos, la integración, la convivencia, el crecimiento económico y la cohesión social», la oposición rechaza las regularizaciones masivas y aboga por hacerlas de manera individualizada. En España se han producido hasta ahora ocho procesos extraordinarios de regularización liderados por gobiernos del PSOE y también por el conservador Partido Popular.
La situación balear
En el contexto balear y según datos facilitados por la propia Delegación del Gobierno, esta medida excepcional beneficiaría al menos a 10.800 migrantes, una cifra que previsiblemente podría multiplicarse con las reagrupaciones familiares. El Govern de Prohens ya ha manifestado su absoluta oposición a esta regularización, cuyo impacto en las Islas debería analizarse de forma singular y rigurosa. De hecho, Baleares ya ha experimentado durante los últimos años un incremento poblacional difícilmente asumible que ha ejercido una fuerte presión sobre los sistemas de salud, educación, infraestructuras, así como en recursos hídricos, comprometiendo su capacidad de respuesta. En esta ecuación también cabe añadir, además, la emergencia habitacional, que ahora mismo es el principal problema de las Islas. Como ha empezado a repetirse, aquí no cabemos todos y esta regularización masiva no ayudará a precisamente poner coto al crecimiento poblacional.