Vicent Marí anunció el pasado mes de diciembre enPeriódico de Ibiza y Formentera que el Consell d’Eivissa estaba valorando la posibilidad de explorar la vía de la suspensión temporal de la construcción de vivienda libre ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay para el bolsillo medio del residente y del nacido en la isla de Ibiza, pues la mayoría de lo que se está construyendo es para inversores de fuera o bien para segundas residencias. «Hasta que no se garantice el derecho a la vivienda de todos los residentes en Ibiza, la vivienda libre tendría que paralizarse o ralentizarse», afirmó tajante Vicent Marí. Esta idea inicialmente no acabó de gustar del todo a constructores y arquitectos, que a falta de conocer el detalle manifestaron sus primeras reticencias.
Contactos.
El vicepresidente Mariano Juan afirmó en el pleno de ese viernes que el equipo de gobierno en el Consell liderará una ronda de contactos para priorizar que las viviendas que se construyan sean para familias ibicencas con un mínimo establecido de residencia. Precisamente, en el pleno de este viernes el PSOE presentó una propuesta prácticamente calcada a la iniciativa que explicó Vicent Marí hace un mes en las páginas de este rotativo. Mariano Juan recordó a modo de ejemplo, y muy acertadamente, a la consellera socialista Elena López que todas las promociones de lujo que están saliendo ahora en Vila son las que precisamente ella autorizó siendo concejala de Urbanismo con el exalcalde Rafa Ruiz.
Medidas valientes.
La iniciativa de que lo que se construya sea para ibicencos no es descabellada en tanto que los residentes y nacidos en Ibiza quedan directamente expulsados del acceso a la vivienda ya no sólo en propiedad sino en alquiler, pues en ambos casos los precios sondesorbitados. Ello está provocando de hecho que muchos residentes opten por salir de su isla para buscarse un proyecto de vida en un lugar donde sí puedan arraigar. La gravedad del problema es tal que sólo con VPO no se alcanzaría la solución. Por ello hay que optar y añadir otras medidas, como las que ya se están impulsando de vivienda a precio limitado o la fórmula built to rent y a las que se podría añadir la moratoria de construir sólo para residentes. El inconveniente es que, como todo lo relacionado con la administración pública, va más lento de lo que la sociedad necesita.