La decisión del Govern de asumir directamente la recaudación de impuestos en Balears marca el final de una anomalía administrativa que se había prolongado durante casi cuatro décadas. Que una función tan esencial del poder público —la gestión de los ingresos tributarios— haya estado en manos de un modelo externalizado desde 1988 no deja de ser, visto con perspectiva, una excepción difícilmente justificable en el contexto de un Estado autonómico moderno. Durante años, la figura del recaudador de la Comunitat ha operado con eficacia reconocida incluso por sus detractores. En momentos críticos, como durante la pandemia, su estructura demostró capacidad de gestión. Sin embargo, la eficiencia no puede ser el único criterio cuando están en juego principios como el control público, la transparencia y la rendición de cuentas. La recaudación de impuestos no es un servicio accesorio, sino el núcleo mismo de la acción de gobierno. Balears era la última comunidad autónoma que mantenía este sistema. El hecho, por sí solo, evidencia que la externalización no respondía ya a una necesidad estructural, sino más bien a una inercia administrativa.
Control
El paso hacia la internalización, a través de la Agencia Tributaria de Balears, parece, en este sentido, no solo lógico, sino necesario. Permite al Govern recuperar el control directo sobre sus recursos, mejorar la coordinación interna y reforzar la legitimidad de la gestión tributaria ante la ciudadanía. También abre la puerta a una mayor trazabilidad de los procedimientos y a un escrutinio claro de los costes.
Retos
No obstante, podemos concluir que el proceso no está exento de retos. La integración de cerca de 200 trabajadores exige planificación, garantías laborales y una transición ordenada que evite disfunciones en un ámbito especialmente sensible. La recaudación no admite interrupciones ni improvisaciones.