Que una de cada siete viviendas vendidas en Balears acabe en manos de empresas no es un dato más. Es una señal. Y no precisamente tranquilizadora. El mercado inmobiliario en las Islas lleva años tensionado, pero el creciente protagonismo de sociedades y fondos de inversión introduce un elemento que va más allá de la simple oferta y demanda: la vivienda como activo financiero frente a la vivienda como derecho. El fenómeno no es exclusivo de Balears, pero aquí adquiere una intensidad especialmente preocupante. La combinación de precios disparados, alta rentabilidad del alquiler y atractivo internacional ha convertido el archipiélago en terreno fértil para la inversión. Hasta ahí, nada nuevo. Lo relevante es cómo esa inversión está cambiando la naturaleza misma del mercado: ya no se compra para vivir, sino para rentabilizar.
El factor fiscal
A ello se suma un elemento que distorsiona aún más el tablero: la fiscalidad. La posibilidad de reducir la carga impositiva mediante la compra a través de sociedades, especialmente en operaciones de alto valor o con compradores extranjeros, introduce un incentivo adicional que favorece a quienes ya parten con mayor capacidad económica. No se trata solo de quién puede comprar, sino de en qué condiciones lo hace.
El gran reto
El resultado es un mercado cada vez más desequilibrado. Mientras las empresas aumentan su presencia, las personas físicas retroceden. Y con ello, la idea de la vivienda como proyecto vital se diluye frente a su conversión en producto de inversión. No es una cuestión ideológica, sino de equilibrio. La inversión es necesaria, pero también lo es garantizar que el acceso a la vivienda no quede subordinado a estrategias de rentabilidad. Balears se enfrenta a un reto que ya asoma en otras regiones: cómo evitar que el éxito del mercado inmobiliario termine expulsando a quienes necesitan habitarlo.