La aprobación en el Senado de la reforma constitucional que permitirá a Formentera contar con un senador propio no es solo una victoria largamente esperada por la pitiusa menor. Es también un punto de inflexión para Ibiza. Porque al romperse definitivamente el histórico guion que unía a ambas islas en la Cámara Alta se abre una nueva etapa en la representación política de este territorio: dos realidades diferenciadas, dos voces propias y, en teoría, una mayor capacidad de influencia. Desde una perspectiva insular, la reforma corrige una anomalía evidente: Formentera, con instituciones propias desde 2007, carecía de una representación directa acorde a su realidad política. Así lo celebra Gent per Formentera (GxF), que interpreta este paso como la culminación de su autonomía institucional.
Amplio consenso
Lo aprobado en Madrid, con un respaldo abrumador y únicamente el rechazo de VOX, trasciende el gesto simbólico. Como subrayó Miquel Jerez (PP), no se trata simplemente de ocupar un escaño sino de ejercerlo con autonomía, criterio y responsabilidad. La clave, por tanto, no estará en la existencia del senador sino en el uso que se haga de esa representación y lo que, por tanto, se logre conseguir con la misma. El consenso político que ha permitido culminar esta reforma, reivindicado tanto por el PP como por el PSOE, merece ser reconocido en un clima como el actual en el que la polaridad política en cualquier asunto por nimio que sea está a la orden del día.
Voces diferenciadas
A partir de ahora se abre un nuevo escenario, con oportunidades para las Pitiusas por separado. Ibiza, que también contará con senador propio, deja de compartir protagonismo y asume la responsabilidad de defender sus intereses sin intermediarios. Esto implica más visibilidad, pero también mayor exigencia. Formentera, por su parte, también contará con una voz propia separada de Ibiza y que refleje esa triple insularidad de la pitiusa. Si algo deja claro esta reforma es que la representación no es un fin en sí mismo. Y su valor dependerá de la capacidad de quienes ocupen esos escaños para afrontar retos tan urgentes como la presión migratoria, la protección del litoral o el acceso real a los servicios públicos, entre otros tantos asuntos de relevancia.