Ibiza y Formentera, territorios con recursos limitados y una población contenida, se enfrentan a una presión migratoria creciente que ha llevado al sistema de protección de menores al borde del colapso, tal y como llevan tiempo denunciando los presidentes insulares Vicent Marí y Óscar Portas. No se trata de una percepción sino de una realidad avalada por cifras que reflejan una saturación difícilmente sostenible en el tiempo. En este sentido, en el conjunto de Baleares, 733 menores migrantes no acompañados están actualmente bajo tutela, lo que supone cerca de dos tercios del total de menores atendidos. La capacidad ordinaria está superada en más de un 80%, con 327 plazas excedidas y picos de sobreocupación que alcanzan el 1.000% en recursos específicos. En Ibiza, el sistema ha pasado en apenas unos años de dos centros y 22 trabajadores a 11 centros y 156 profesionales, con un coste que supera ya los 10 millones de euros. Formentera, por su parte, soporta una situación aún más extrema: 156 menores tutelados en una isla de apenas 12.000 habitantes, con niveles de saturación del 1.200%.
Avalancha de llegadas.
A esta presión estructural se suma el constante aumento de llegadas. En los últimos cinco años han arribado más de 20.000 personas en patera a Baleares, 7.000 solo en 2025 y 1.400 en lo que llevamos de 2026, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. El impacto económico tampoco es menor. Los 7,8 millones de euros transferidos por el Estado resultan claramente insuficientes frente al coste real de la atención. Solo Formentera necesitó el pasado año una aportación extraordinaria de cuatro millones de euros para sostener sus servicios sociales.
La petición.
Ante este escenario, la petición del Govern balear de activar una contingencia migratoria preventiva no es una cuestión ideológica sino de pura gestión y responsabilidad. Frenar el reparto de menores hacia unas islas ya saturadas y agilizar la repatriación de aquellos que mantienen vínculos familiares en sus países de origen son medidas que buscan aliviar una presión que hoy es insostenible. Al mismo tiempo, solicitaron a la ministra Sira Rego no recibir ‘menas’ del resto de comunidades, algo que, al parecer, la ministra de Infancia y Juventud atenderá.