La caída del número de turistas que aseguran alojarse en casas de amigos durante sus vacaciones en Baleares es un dato que merece ser interpretado más allá de las estadísticas. Si, como sostienen desde hace años tanto el sector turístico como las administraciones, una parte importante de esa categoría ocultaba realmente estancias en viviendas turísticas ilegales, su descenso constituye una buena noticia para las Islas. Durante demasiado tiempo, la etiqueta de «casa de amigos o familiares» ha servido como un cajón de sastre difícil de verificar, bajo el que presuntamente se escondía una parte del alquiler turístico clandestino. Esa actividad no solo supone una competencia desleal para quienes cumplen la normativa, sino que también alimenta la saturación turística, dificulta el acceso a la vivienda para los residentes y priva a las administraciones de un mayor control sobre la actividad.
Ordenar para proteger.
Reducir el alojamiento turístico ilegal no significa renunciar al turismo sino apostar por un modelo más ordenado, de calidad, transparente y compatible con la calidad de vida de quienes viven en Baleares. La lucha contra la oferta clandestina no persigue al visitante, sino a quienes obtienen beneficios incumpliendo las reglas y agravando uno de los principales problemas del archipiélago: la presión sobre el territorio y el mercado residencial.
Equilibrio.
Queda mucho camino por recorrer. El volumen de turistas que sigue declarando alojarse en casas de amigos continúa siendo muy elevado y nadie puede asegurar qué porcentaje responde realmente a esa situación y cuál esconde otra realidad. Pero que esa cifra empiece a descender es una señal positiva. En un momento en que Baleares busca un equilibrio entre la fortaleza de su principal industria y la necesidad de preservar su territorio y su cohesión social, toda reducción de la economía sumergida debe ser bienvenida.