La caída de la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales en Balears es otro síntoma de una realidad que no se puede esconder: las Islas viven una emergencia habitacional que va a más. La vivienda que podía comprar una familia de ingresos medios está desapareciendo del mercado. Continúa la voluntad de comprar, pero cada vez tienen menos viviendas a su alcance. Menos operaciones significa menos ingresos fiscales para el propio Govern, afectado de manera indirecta por la crisis habitacional en las Islas.
No es una crisis convencional
Balears no afronta una crisis inmobiliaria convencional. Pretender resolverlo con una única medida sería tan insuficiente como responsabilizar a un solo actor. Gobierno central, Govern, consells y ayuntamientos deben asumir que la vivienda exige una estrategia común y sostenida. Hace falta más vivienda asequible, movilizar suelo, agilizar la gestión urbanística, ampliar el parque de VPO y encontrar fórmulas que permitan que una parte razonable del mercado quede protegida de la especulación y de la presión de usos alternativos.
El malestar se expande
La alarma ya no procede únicamente de los jóvenes que no pueden emanciparse o de las familias que no encuentran una vivienda que puedan pagar. Se extiende entre trabajadores y clases medias que empiezan a sentir que vivir en Balears se convierte en un privilegio reservado a quienes tienen una capacidad económica muy por encima de la media. El malestar que empieza a hacerse visible en las calles no debería ser interpretado únicamente como una protesta contra el turismo, sino como la expresión ciudadana de un problema más profundo: la sensación de que las Islas han dejado de ser habitables para una parte creciente de quienes las sostienen. Incluso el Govern empieza a notar en sus impuestos los efectos de este problema global.