La manifestación celebrada este domingo contra la macroampliación del aeropuerto de Ibiza ha dejado un mensaje que las administraciones no deberían ignorar: la gran mayoría de la sociedad ibicenca no quiere seguir vinculando el futuro de la isla a un crecimiento turístico sin límite. La elevada participación en la protesta demuestra que la preocupación por el modelo territorial, la saturación y la capacidad de la isla para seguir absorbiendo visitantes ha dejado de ser una cuestión de unos pocos para convertirse en un debate social de primer orden.
Ibiza se ha hecho oír. Y lo ha hecho para decir que ya no cabe más gente. Los problemas de vivienda, tráfico, agua, residuos, energía o presión sobre los recursos naturales son demasiado evidentes como para plantear el aeropuerto únicamente desde la perspectiva de aumentar su capacidad y facilitar la llegada de más pasajeros. Una infraestructura pública debe estar al servicio de las necesidades de la isla, no convertirse en una herramienta para alimentar indefinidamente el volumen de turistas y los beneficios de su gestor.
Mejoras sí, ampliación no
Aena puede defender sus planes desde una lógica empresarial, pero Ibiza necesita que prevalezca una visión territorial. Mejorar las instalaciones, garantizar la seguridad, renovar espacios o adaptar el aeropuerto a las necesidades actuales puede ser razonable. Otra cosa muy distinta es ampliar su capacidad para propiciar un crecimiento que la propia isla ya tiene dificultades para asumir.
Cogestión
La movilización de este domingo debería servir también para abrir otro debate pendiente: quién decide sobre el aeropuerto de Ibiza. No resulta lógico que una infraestructura determinante para el presente y el futuro de la isla quede al margen de las instituciones que deben gestionar sus consecuencias. El Consell d’Eivissa y el Govern balear necesitan capacidad real de decisión sobre las cuestiones que afectan directamente al territorio.
La cogestión aeroportuaria no puede seguir siendo una reivindicación aplazada. Ibiza ha hablado. Ahora corresponde a las administraciones escucharla y convertir esa voz en decisiones.