El Supremo mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que 163.020 personas afectadas no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De esta forma, el censo válido para los comicios es el del 1 de agosto, por lo que la decisión del alto tribunal afecta a 163.020 personas, según los últimos datos aportados por el Ejecutivo al Supremo, que ha ratificado la medida cautelar a petición de los dos recurrentes, estos son, Iustitia Europa y Vox.
La ley.
En este punto es preciso recordar que la ley de nietos permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten haber nacido fuera de España y que el padre, madre, abuela o abuelo tuvieran origen español y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencias u orientación sexual. La polémica y sospechas se dispararon cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó justo una semana después de esta ley una instrucción en la que se establecía que se «presumirá» la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955 y son los nacionalizados a través de esta vía los que no podrán votar. Fue entonces cuando empezaron a dispararse las sospechas de un presunto y posible fraude electoral y Vox e Iustitia Europa lo llevaron a los tribunales. En la suspensión cautelar dictaminada este mismo lunes por el Alto Tribunal dejan claro que «el riesgo de que se constituya irregularmente un Censo de Electores (...) sigue persistiendo con la misma intensidad» porque su «limpieza y pulcritud constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad», ya que «la legitimidad democrática de los representantes elegidos por el voto de los ciudadanos puede ser puesta en entredicho».
Sospechas y reacciones.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. De entrada, el Gobierno de Pedro Sánchez va a valorar si puede recurrir esta suspensión del Supremo ante el Constitucional. Por su parte, el PP ha celebrado la decisión del Alto Tribunal, igual que Vox que calificó como «gigante victoria judicial» la orden del Supremo. La ley de nietos ya de por sí nace viciada y rodeada de sospechas de cara a las elecciones generales del próximo 29N. Es vital para la salud de la democracia española que no existan sospechas de posible alteración del censo electoral, unas inquietudes que se ven alimentadas por la insistencia del Gobierno de Sánchez en que los nacionalizados en base a la ley de nietos puedan votar el próximo 29N.