El nuevo Govern de les Illes Balears acaba de dar otra sonora muestra de su inexperiencia en los asuntos del gobierno y esta vez la metedura de pata parece algo más que anecdótica. El tema al que afecta este desliz es nada menos que la protección del territorio rústico de las Islas y con algo así no deben permitirse errores porque está en juego una de las bazas de este gobierno de izquierdas: el medio ambiente.
El caso es que la redacción de la nueva ley de regulación del suelo es más que ambigua y eso, en un texto legal, induce a errores muchas veces irresolubles. Los expertos juristas consultados por este diario aún van más allá y califican la ley recién aprobada como «técnica y jurídicamente muy deficiente». Quizá los nuevos gobernantes hayan pecado de confiados al redactar una ley de la importancia de ésta sin contar con el imprescindible asesoramiento legal.
Y este error les ha llevado a incluir en el texto una disposición transitoria única que parece querer decir exactamente lo contrario de lo que realmente dice. «Tots els projectes de construcció (...) que s'hagin presentat (...) tres mesos abans de l'entrada en vigor de la presente Llei es resoldran s'acord amb la normativa anterior». Este es el párrafo de la discordia. ¿Se refiere a los tres meses anteriores a la entrada en vigor de la ley (julio, agosto y septiembre)? ¿O quiere hacer alusión al tiempo transcurrido antes de los tres meses anteriores a la presente legislación?
La ambigüedad de la redacción puede provocar el efecto contrario al que pretende la ley y dar licencia de construcción a todos aquellos proyectos presentados durante los últimos tres meses, es decir, coincidiendo con la avalancha de peticiones de edificación en terrenos rústicos. Tendría unas consecuencias urbanizadoras difíciles de resolver, hoy por hoy, con la Ley en la mano.