Finalmente, el Partido Popular logró lo que se proponía: alterar sustancialmente el texto de la nueva Ley de Extranjería consensuado en el Congreso de los Diputados por todos los grupos políticos de nuestro país. Y lo ha conseguido de la mano de su socio catalán, CiU, que aunque ha forzado al Gobierno a moderar algunas de sus pretensiones, al final ha dado el visto bueno a un nuevo texto que, según sus detractores, en nada se parece al original.
Podríamos preguntarnos en este punto para qué sirve el Senado, una institución que algunos políticos aprovechan para modificar a sus anchas lo que previamente habían aprobado en el Congreso. El sindicato Comisiones Obreras, muy sensibilizado con la situación de los inmigrantes en España, ha calificado el cambiazo de «burla» y parece una definición acertada de lo que ha ocurrido.
Es cierto "tal como argumenta el Ejecutivo de Aznar" que no pueden concederse los mismos derechos a los inmigrantes legales y a los ilegales, porque en ese caso nuestro país sería el paraíso de las mafias de la inmigración ilegal. Pero de ahí a despojar a seres humanos de cualquiera de sus derechos va un largo trecho.
Algunos ministros querían incluso eliminar el derecho a la educación y a la sanidad pública para los niños de los inmigrantes ilegales. Como si fueran perros. Los inmigrantes, legales o no, son ante todo personas y como tal deben ser tratados y más por un país que ha sido emigrante desde siempre.
Con todo, las modificaciones llevadas a cabo en este texto legal lo convierten en una Ley mucho más progresista y humana que la que aprobó en su día el Gobierno socialista, así que de algo hay que felicitarse. La situación del inmigrante es siempre difícil, pero ahora será, cuando menos, un poco mejor.