El reto de la «normalització»

El Ayuntamiento de Eivissa presentó el pasado jueves un ambicioso proyecto, en lo que respecta a la intención, para desarrollar en su ámbito un nuevo proceso de normalización lingüística, moviéndolo hacia el ciudadano. Tras varios años en los que se ha hablado implantación de la lengua catalana en todos los aspectos sociales, el Pacte Progressista considera que el sistema de promover iniciativas en las que los ciudadanos eran meros sujetos pasivos ha fallado. Se promovían, por ejemplo, cursillos a los que los interesados, si les venía bien, podían apuntarse o, si no, no. El resultado fue que, aparte de unas pocas excepciones, sólo acudían a las clases los que tenían sobre sí alguna amenaza laboral, como la necesidad de acreditar conocimientos de la lengua para acceder a los puestos de trabajo de la Administración. El resto, simplemente, o no estaba interesado o no le venía bien. Esta amenaza, de momento y mientras no se demuestre lo contrario, ha sido el único motor efectivo que ha movido a los ciudadanos no catalanohablantes a esforzarse en el conocimiento y utilización de la lengua autóctona, por lo que hay que aplaudir el hecho de que el Ayuntamiento se haya replanteado las fórmulas y haya llegado a la conclusión de que sólo una oferta a la carta puede cautivar a quien no está obligado a conocer la lengua. Hace muchos años que se habla en Balears de normalización, un concepto que, aunque asumido por la mayor parte de la población, aún no ha conseguido grandes avances. El propio término de «normalización» "hacer normal el uso del catalán" parece diseñado para prometer a los defensores de una implantación total de la lengua autóctona en la sociedad mientras se promete a los no naturales de las Islas que adopten y comprendan la «normalidad» de su uso. Con estos temores, el uso de la lengua no será nunca natural.