La noticia de que barcos de la Armada Española han destrozado de nuevo redes de pesca de Formentera supone repetir una situación ilógica producida hace tres años que acabó con compensaciones económicas tardías e insuficientes, según denuncian los pescadores de la isla. Es tropezar dos veces en la misma piedra, con el agravante de que los que todavía practican uno de los oficios tradicionales más sacrificados acaban de sufrir también pérdidas importantes provocadas por los remolcadores de los atuneros.
Cuando las pérdidas se acumulan "y, para más gravedad, en un cortísimo intervalo de tiempo" el sector tiene toda la razón para sentirse desprotegido cuando hasta la Marina, que se supone que tiene un control minucioso en todos sus movimientos, se lleva por delante las artes de los pescadores durante sus maniobras. Las administraciones competentes, sin embargo, no parecen tener mucho que decir, mientras la Cofradía de la isla trata de conseguir la tutela de alguna de ellas.
La situación no es nueva, aunque sí preocupante. No existe una verdadera vigilancia de las zonas de pesca, como demuestra el hecho de que las denuncias por los desperfectos sufridos por los barcos de Formentera no han tenido aún una respuesta suficientemente satisfactoria y tranquilizadora por parte de quien debe garantizar el cumplimiento las normativas en vigor. Las artes han sido rotas con frecuencia sin que haya cambios significativos en la situación. El Ministerio de Agricultura ha anunciado que habrá sanciones para los que no hayan respetado los lugares de pesca y hayan producido roturas, pero continúa sin hablarse de vigilancia o control efectivo. Por eso, los pescadores tienen la impresión de que en su sector no se previenen las cosas; sólo se arreglan. Y con razón.